Frente a los hechos que se han presentando los días 24 y 25 de junio del presente año en el corregimiento Alto Caribona, sector de Mina Walter, municipio de Montecristo en el sur del departamento de Bolívar, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar manifiesta:

  1. Rechazamos vehementemente y condenamos las agresiones que el Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, de la policía cometió el día 24 de junio contra la población residente en el sector de Mina Walter al atacar con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras a la población, afectando gravemente un alto número de infantes y personas de la tercera edad; esta agresión puso en riesgo la vida de los pobladores y es una clara violación a los derechos humanos por parte de esa fuerza estatal. 

El Esmad llegó al sector sin que se conociera el propósito de su presencia allí y sin que las autoridades civiles del municipio de Montecristo hubieran sido informadas del objetivo de ese despliegue de fuerza.

  1. El día 25 de junio en horas del medio día los pobladores de Mina Walter informan que se está reforzando la presencia de fuerza pública en el sector y denuncian nuevos ataques a la población con gases lacrimógenos.
  2. En una reunión con la comunidad del sector donde se están presentando lo hechos denunciados, un miembro de la policía, aparentemente quien está al mando del Esmad allí, informó que las ordenes que ellos recibieron fueron las siguientes:
  3. “Proteger el río Caribona, “la deforestación” y cuidar el medio ambiente que está siendo muy destruido por la minería”.
  4. cumplir labores de policía mediante requisas, requerimientos de documentos, control de armas de fuego, etc.
  5. “decomisar los insumos que se utilizan para la labor de minería que no sea legal”.

Estas declaraciones están contenidas en un audio de la reunión que proporcionaron los pobladores que asistieron.

Frente a lo anterior, Fedeagromisbol considera:

  1. El Estado utiliza la fuerza pública para darle un tratamiento armado a una situación que tiene profundas razones sociales y que poco o nada han sido atendidas por las autoridades del orden nacional, departamental y local como es su deber constitucional. El uso de la fuerza contra la población civil es una clara violación de derechos humanos y el uso de bienes civiles para acantonar hombres armados al servicio de la policía es una grave infracción al derecho internacional humanitario.
  2. Ordenar al Esmad el “cuidado” del medio ambiente es desconocer los esfuerzos que múltiples organizaciones de la región y funcionarios de Parques Nacionales de Colombia, Ministerio de Ambiente y otras entidades gubernamentales y estatales venimos haciendo desde hace varios años para lograr un gran acuerdo para la protección de la serranía de San Lucas y todos los recursos naturales que contiene, muchos de ellos exclusivos de esta región del país. El espacio de construcción de la propuesta de protección de la serranía incluye la concertación con las comunidades de las acciones y medidas que se deben tomar para garantizar que no se siga destruyendo esta reserva ambiental del país.

Con esta decisión, que no sabemos quien la tomó, se está destruyendo en la práctica un espacio de interlocución entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales que habitamos la serranía de San Lucas y que somos las más interesadas en defender y cuidar nuestro territorio.

  1. Delegar en el Esmad el control de la minería no formalizada es dar al traste con el esfuerzo que la gran mayoría de pequeños mineros del sur de Bolívar venimos haciendo por lograr el reconocimiento y el apoyo de la autoridad minera nacional y que seamos tenidos en cuenta para los programas de formalización y para ser beneficiarios de los planes de fortalecimiento e impulso a la actividad de los pequeños mineros. El tratamiento de esta problemática debe ser de orden social y para ello es necesario contar con la voluntad política del gobierno, no con el uso de la fuerza ni la amenaza de cárcel para quien de manera informal desarrolla sus actividades de producción. Si en la región hay minería informal es porque las políticas estatales intentan entregar esos recursos a capitales transnacionales antes que propiciar la formalización de quienes habitan el territorio.

En consecuencia y frente a las consideraciones anteriores:

– Reiteramos nuestra voluntad y firme decisión de seguir trabajando por la construcción de una propuesta de protección para nuestra serranía de San Lucas, propuesta que debe ser acordada con las comunidades, sus organizaciones y las autoridades.

– Ratificamos la disposición y la urgente necesidad de formalizar toda la actividad de pequeña minería en la región para que, contando con el apoyo de las entidades encargadas del tema, podamos desarrollarla de la manera más respetuosa posible con el territorio y con el medio ambiente.

Sin embargo el haber invadido con el Esmad un sector de la serranía usando la fuerza y atacando a la población civil, nos lleva a tomar la decisión de NO SEGUIR participando en el espacio existente entre las entidades del gobierno nacional y las organizaciones sociales de la serranía de San Lucas, hasta que no se retire al Esmad del sector de Mina Walter y se nos garantice por parte del alto gobierno que este tipo de tratamiento de guerra no se va a volver a presentar en ninguno de los sectores de la Serranía de San Lucas.

Finalmente rechazamos las detenciones arbitrarias y agresiones armadas que han sufrido las comunidades y organizaciones del municipio de Remedios en el nordeste antioqueño. Estas comunidades y sus organizaciones también han hecho parte del espacio de protección de la serranía que hoy está siendo destruido por la presencia agresiva de la fuerza pública las comunidades.

Junio 25 de 2020

Junta Directiva de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar.