1. En la Mesa de Interlocución las comunidades hemos venido trabajando incansablemente por sacar adelante un proceso que permita un avance significativo de un proyecto de desarrollo integral que ayude a  construir la paz en la región por medio del diseño de políticas de explotación minera que se correspondan con la realidad de la región, que respeten el medio ambiente y que garanticen la permanencia de los pequeños mineros en su territorio.

2. En este sentido durante varios años hemos sostenido espacios de construcción de acuerdos con delegados del gobierno nacional, departamental y de algunas alcaldías y es justamente el tema minero en el que más avances hemos tenido a pesar de la poca disposición de las autoridades a aceptar las propuestas presentadas por las comunidades para resolver las graves problemáticas que afectan a los pequeños mineros del sur de Bolívar.

3. Por parte de la gobernación de Bolívar han venido participando de este espacio la Secretaría de Minas y Energía y la Secretaría del Interior. Así mismo dos alcaldías aunque todas han tenido las puertas abiertas para que se integren a este proceso. Desafortunadamente con la actitud asumida por parte de la gobernación de Bolívar y su Secretaría de Minas, una vez más se pretende pasar por encima de la opinión y propuestas de las comunidades para imponer a la fuerza y con mentiras sus proyectos de despojo a los pequeños mineros. Los acuerdos alcanzados en la Mesa de Interlocución han sido incumplidos, es el caso del proyecto piloto de minería limpia que no se ha podido ejecutar, a pesar de que las plantas están en la región desde hace más de un año. Creemos que proyectos como éste pueden ayudar a encontrar salidas claras y concretas a la problemática tanto económica como ambiental que afecta al sur de Bolívar.

4. De igual manera hay situaciones que sospechosamente se presentan en el proceso de legalización de la minería de hecho y que deben ser atendidas por las autoridades encargadas del tema minero en la región: hay casos de áreas que a pesar de estar cumpliendo con los requisitos exigidos y tener el PTO desde hace meses no se han firmado los contratos de concesión. Así mismo se presenta la situación de Mina Hedionda, Bogotá, Mina Proyecto, Caracolito y algunas de Simití y San Pablo donde se han realizado estudios y se han tenido visitas de los encargados de los estudios, no se nos informa del estado del proceso de legalización y se guarda un sospechoso silencio por parte de las autoridades responsables.
5. Hoy tenemos otro gran problema en la región, que sabemos que es de conocimiento de las autoridades local, departamental y nacional y es el de las retroexcavadoras que se encuentran en la región y que cada día llegan en mayor cantidad a hacer minería a cielo abierto haciendo un notable daño ambiental, económico y sociocultural. Causa una gran preocupación que en zonas como Guamocó existan un promedio de 100 retroexcavadoras  y las comunidades no saben ni siquiera de donde proceden. Lo mismo sucede sobre las quebradas de Norosi, El Firme y se proyectan a la de Arenal, perjudicando las comunidades tanto mineras de la parte alta como las comunidades agropecuarias de toda la ladera y planes de estos cauces.
6. Ahora nos quieren imponer un censo minero cuyo objetivo oculto es acelerar el despojo de sus minas a los pequeños mineros ya que una de las pretensiones de éste censo es la llamada “legalización”, que dejará a cientos de mineros informales sin posibilidades de seguir ejerciendo esta labor fundamental para su sustento y el de sus familias. No podemos olvidar que el llamado Proyecto de Integración de Áreas Mineras fue un engaño para las comunidades que solo sirvió para que la información obtenida fuera entregada a la multinacional Anglogold Ashanti y que muchos de quienes trabajaron en este proyecto de Ingeominas y PNUD son hoy funcionarios de la multinacional que ha empezado a despojar a muchos mineros en diferentes zonas de la región. A pesar de que esto lo hemos denunciado insistentemente la única respuesta que hemos tenido hasta ahora es que se está investigando, pero sin que nadie realmente responda por este engaño.

7. Este censo que hoy se pretende socializar tiene un costo de 350 millones de pesos y fue adjudicado en un proceso de contratación que no es claro, que a nuestro juicio es ilegal e ilegitimo, porque desconoce los espacios de interlocución entre las comunidades y los gobiernos nacional y departamental y porque tiene unos objetivos que lo único que harán es seguir adelante con el proceso de despojo a que estamos siendo sometidos los mineros del sur de Bolívar. Adicionalmente, resulta ser sumamente preocupante, que dicho contrato sea ejecutado por parte de uno de los asesores y/o consultores de la Anglogold Ashanti, hecho que reafirma nuestras dudas e inquietudes en torno al propósito real del censo.

8. No podemos dejar de llamar la atención en torno al mecanismo utilizado para indagar sobre quienes asistirán a la reunión convocada por la Secretaría de Minas. Es inquietante, que sea una entidad adscrita al Ministerio de Defensa (Policía Nacional), a quien se delegue hacer estas indagaciones y hacer labores de inteligencia sobre las actividades de Fedeagromisbol y la Comisión de Interlocución, en actitud abiertamente intimidatoria, tal como ocurrió el 18 de enero de 2010 en horas de la mañana.

9. Desde la Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, conformada por las organizaciones más representativas de mineros y agricultores del sur de Bolívar y que cuenta con el acompañamiento de varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, llamamos a los mineros del sur de Bolívar a hacer respetar el espacio de diálogo que tenemos con el gobierno nacional en la Mesa de Interlocución, a exigir respuestas claras frente a los incumplimientos de los acuerdos alcanzados y a exigir que se tenga en cuenta la voz y las propuestas de los mineros sin que nos pisoteen. Así mismo a exigir plenas garantías de que no seremos despojados de nuestro territorio por la ambición desmedida de quienes quieren apropiarse del territorio y los recursos que nos pertenecen desde hace muchos años.

10. Los obstáculos y rupturas que pudieran llegar a presentarse en el proceso de interlocución con el Estado, es responsabilidad única y exclusiva de las autoridades que han promovido el desconocimiento de los acuerdos y la realización de actos tendientes a promover el despojo de nuestros territorios.

Nos declaramos en ESTADO DE ALERTA Y EN DISPOSICIÓN A DEFENDER NUESTRO TERRITORIO DE LOS INTERESES EXTRAÑOS QUE NOS QUIEREN ROBAR LO QUE NOS PERTENECE.

Suscriben;

COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR
FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR