La experiencia de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar

Introducción:

Las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas los pobladores de la zona sur de departamento de Bolívar no han sido producto de la guerra que el Estado libra contra las fuerzas insurgentes como lo han querido hacer ver las versiones oficiales. El accionar de las fuerzas militares y de sus aliados paramilitares no obedece a una guerra contrainsurgente. En realidad ha sido una estrategia de despojo de un territorio que contiene incalculables riquezas en recursos naturales renovables y no renovablesmç, que en la medida que se han ido identificando van despertando la codicia de los grandes capitales transnacionales para apropiarse de ellos sin importar las consecuencias sociales, económicas, culturales ni de ningún otro tipo. Los cientos de asesinatos, los miles de campesinos desplazados forzadamente, las innumerables desapariciones forzadas y las judicializaciones contra los líderes y pobladores han pretendido que las comunidades, por puro desgaste, abandonen su territorio para dejar vía libre a quienes pretenden explotar irracionalmente los recursos de la región; y si no se van, al menos que no se opongan a estos proyectos y hasta los respalden. La estrategia no ha funcionado pero el costo en vidas, libertades y tranquilidad ha sido demasiado alto. En las líneas siguientes entregaremos algunos elementos que buscan dar cuenta de los mecanismos de despojo que el Estado Colombiano y su aliado, el capital internacional, siguen intentado contra unos pobladores que solo piden seguir habitando su territorio y obteniendo de él, de manera racional, su sobrevivencia. La experiencia de lucha, organización y resistencia de los pequeños mineros de la serranía de San Lucas y las acciones estatales para contrarrestarlas son las bases para la siguiente reflexión, veamos:

  1. Los títulos conseguidos por pequeños mineros asociados a Fedeagromisbol fueron logrados gracias a movilizaciones que desde 1987 se dieron en toda la región, entre cuyas reclamaciones estaba el reconocimiento por parte del Estado del derecho de los mineros sobre su medio de sobrevivencia (la minería artesanal)
  2. A mediados de los años 90 se conformó la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar- que en 1998 se transformó en la Federación. Desde la creación de Asoagromisbol se comenzó a tramitar la “legalización” de las zonas mineras donde los pobladores adelantaban su actividad económica.  Esto cuenta Cediel Mondragón, uno de los primeros dirigentes de la naciente organización agrominera: 

Para iniciar el proceso de formalización tramitamos una reunión con el Ministro de Minas de la época Rodrigo Villamizar, En la reunión con el ministro estuvimos presentes Manuel Modesto Castro, como presidente de la Asociación, y yo como presidente de la Junta de Acción Comunal, y nos acompañaron alrededor de unos quince compañeros líderes del sector minero, ahí empezamos a detectar que había un gran interés de algunas compañías, pero nosotros no entendíamos bien el caso y a pesar de eso le dimos garrote a MINERALCO (Minerales de Colombia), la empresa minera del Estado que era la entidad encargada de velar y de legalizar y revisar todo el proceso de minería en el país. Allí nosotros nos sentimos totalmente desprotegidos por esa empresa, pues no la conocíamos a pesar de que algunos de sus funcionarios habían hecho unas dos visitas muy superficiales a la zona, pero en concreto la información que ellos recogían no llegaba hacia nosotros. Después de esto nos citan a una reunión en Cartagena con el gobernador de Bolívar, Miguel Navas Meissen, y él nos dijo que de acuerdo a la audiencia que se había hecho en Bogotá y las reuniones que habíamos sostenido en diferentes partes, el Gobierno, el Ministerio de Minas, nos había otorgado unos pequeños títulos que eran los de Mina Fácil, Mina Cangrejo, Mina Viejito y algunos en el sector de El Golfo. Como nosotros estábamos exigiendo también la titulación de las áreas ubicadas en los sectores de San Pedro Frío, Caribe, Paraíso, Mina Gallo, etc., toda la zona minera donde estábamos desarrollando la actividad económica, pero nos empezaron a poner diferentes trabas, empezaron a enviar funcionaros de la Secretaría de Minas, de la Gobernación, del Ministerio, de Mineralco para identificar algunos puntos, algunas áreas, pero para solucionar nuestra exigencia de las áreas que estábamos reclamando en ese momento que eran de la parte alta de la Serranía de San Lucas no había respuesta; sin embargo, en esa reunión en Cartagena con el gobernador había un funcionario del Ministerio de Minas, y cuando le preguntamos qué pasaba con los títulos solicitados por San Pedro Frío, verbalmente la respuesta que dio es que lo que pasaba era que había un inconveniente en este sector, que este sector tenía un reconocimiento de propiedad privada que había presentado una familia de apellido Illera Palacio.

La familia Illera Palacio es una familia originaria de la costa Atlántica que a nombre propio inició un reclamo de propiedad privada de las minas en asocio con una abogada llamada Luisa Fernanda Aramburu, que a su vez estaba asociada con una empresa norteamericana llamada Minera San Lucas y con la canadiense Minera Corona Goldfields que a su vez era subsidiaria de la empresa estadounidense Conquistador Mines. Ellos pretendían que la autoridad minera de la época les titulara unas minas ubicadas, aseguraban ellos “en el municipio de Simití” sin ofrecer una ubicación específica y reclamando todo el sector minero ubicado en la parte alta de la serranía de San Lucas.

Esta reclamación entorpeció durante más de 10 años la posibilidad de que los pequeños mineros accedieran a los programas de formalización minera. La abogada en mención y aún estando como apoderada de los reclamantes, fue nombrada en 1999 por el Ministerio de Minas para elaborar el borrador del Código de Minas.

La reclamación de los Illera Palacio fue negada por la autoridad minera a mediados de 2007. Este fue el primer intento de despojo legal en contra de los pequeños mineros ubicados en la parte sur del departamento de Bolívar.

  1. Entre 1996 y 2002 se presentó la más feroz arremetida paramilitar, en asocio con la fuerza pública, en el sur de Bolívar. Aunque afirmaban que su accionar era para atacar las organizaciones insurgentes que tenían presencia en la región, la realidad mostró que el objetivo era obligar a la población civil para que abandonara su territorio y se pudiera utilizar para proyectos de explotación minera a gran escala. Esta incursión dejó una cantidad aún no establecida de víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos: asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento forzado, entre otras. Esta operación de tierra arrasada beneficiaba los intereses de la multinacional Anglogold Ashanti que ya tenía interés en la riqueza aurífera de la región.
  2. En 1998 los pobladores del sur de Bolívar, en medio del total abandono estatal, sin unas mínimas de condiciones de vida digna y con el terror paramilitar cercándolos, decidieron salir en una gran movilización que ellos mismos denominaron Éxodo Campesino. doce mil personas salieron de la región hacia los cascos urbanos de sus municipios, hacia Barrancabermeja y hacía Bogotá. Reclamaban del Estado Colombia inversión social y garantías para vida y la permanencia en el territorio.

Durante más de tres meses negociaron con representantes del gobierno nacional su pliego de exigencias. Al final se logró un acuerdo en el que el gobierno se comprometió a implementar una serie de medidas que mejoraran la calidad de vida de los pobladores y a garantizar las condiciones para permanecer en su territorio. Las exigencias de los pobladores se recogieron en un documento que se tituló Plan Integral de Desarrollo y Derechos Humanos del Magdalena Medio, este plan sería financiado totalmente por el gobierno nacional. En él se establecieron las bases de lo que sería una región que iba a empezar a disfrutar del cumplimento de todos sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y del pleno respeto a la vida y la integridad personal. Nada de eso se cumplió. Al contrario las condiciones de vida empeoraron en todos los sentidos.

  1. En el año 2001, tres años después de firmados los acuerdos con el éxodo campesino, se inició la ejecución del proyecto “Integración de explotaciones mineras en áreas de reserva especial localizadas en el Sur de Bolívar”. Este proyecto se ejecutó con dineros del Fondo Nacional de Regalías, y aunque en principio se habían comprometido casi tres mil millones de pesos para su ejecución, finalmente terminó reduciéndose a mil novecientos millones (un millón de dólares al cambio de ese momento). La ejecución directa fue otorgada al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A los pequeños mineros, para que brindaran su apoyo a este proyecto, se les vendió la idea que la ejecución del mismo permitiría el mejoramiento de las condiciones tecnológicas, económicas, sociales y ambientales de las comunidades mineras, se les prometió a los pequeños mineros y a los pobladores en general que gracias al mejoramiento de la productividad minera y de los controles del Estado, habría un mejor recaudo de regalías y, por lo tanto, una mayor transferencia de estas a las regiones. Como consecuencia habría un mejoramiento de las condiciones de vida y disminución del deterioro social de los sectores mineros; mejoramiento de las condiciones ambientales con la instalación de equipos de beneficio de minerales que eliminaran el uso del mercurio y fortalecimiento empresarial para las asociaciones de pequeños mineros que participaban en el proyecto. 

En otras palabras, según Minercol y el PNUD, con este proyecto los pequeños mineros podrían superar las condiciones artesanales con que desarrollaban su actividad económica y superarían las condiciones infrahumanas que se vivían en cada uno de los asentamientos mineros, además quedarían con una infraestructura de producción minera instalada que les permitiría pensar en formas empresariales de producir.

Pero la realidad fue otra. La entidad ejecutora, PNUD, contrató el personal para el trabajo, los pequeños mineros, ilusionados por las promesas, les abrieron las puertas de la región, les brindaron su confianza y les permitieron conocer la región desde el punto de vista técnico, como a pocos se les permitía. 

Ahora bien, el trabajo de esas personas se dividió de una manera particular, mientras los técnicos se centraron en actividades de investigación de las reservas minerales de la región, otros desarrollaban las llamadas actividades de capacitación y mejoramiento social. Dentro de estas, por ejemplo, indujeron a las asociaciones a distraerse del propósito fundamental del proyecto al entregarle a cada una 10 millones de pesos para crear unos pequeños proyectos de seguridad alimentaria. 

Entre definir en qué se invertía este dinero y las capacitaciones brindadas por el Sena en aspectos como manejo empresarial, técnicas mineras y manejo ambiental, el tiempo fue pasando, y de un proyecto pensado inicialmente para ser ejecutado en 18 meses se extendió hasta el año 2005. Lo prometido en materia de infraestructura no se veía por ninguna parte, con lo cual la “capacitación” ofrecida y el beneficio social que supuestamente brindaría perdieron todo sentido. Al final del proyecto nada de lo prometido a los mineros se logró. Lo único tangible que quedó fueron unos compresores de aire que se entregaron a algunas de las asociaciones. Las partes de la supuesta planta de beneficio de minerales quedaron tiradas en la carretera, porque los ejecutores del proyecto nunca se preocuparon por enterarse que la planta que se había diseñado no obedecía a las necesidades ni a las condiciones de producción de los pequeños mineros de la región. Asimismo, sucedió con unos Planes de Trabajos y Obras totalmente desfasados de la realidad minera de la región, que con el paso del tiempo se han convertido en una carga difícil de llevar.

Lo más importante que no se debe olvidar, fue que simultáneamente con la ejecución del proyecto, la AngloGold Ashanti obtenía información privilegiada para tener la certeza de dónde era que debían centrar sus esfuerzos para obtener títulos mineros en la región ya que los coordinadores del proyecto salieron directamente a trabajar con esa multinacional minera. En el año 2005 se tiene la primera información de que la Sociedad Kedhada S.A. – empresa creada en Colombia por la multinacional había tramitado 183 solicitudes mineras en el sur de Bolívar. Sin que sea una coincidencia, ese fue el año que se dejó de ejecutar el Proyecto de Integración de áreas Mineras en esa misma región y el mismo año en que los funcionarios mencionados pasaron a hacer parte de la nómina de la multinacional. Esta es una de las más fuertes evidencias que ha permitido afirmar que la información recopilada durante los años en que se llevó a cabo el proyecto mencionado pasó directamente a manos de la AngloGold. 

Lo anterior sumado a la victimización a la que había sido sometida la región por parte del paramilitarismo y la fuerza pública, es otro de los fuertes indicios de que la AngloGold estaba seriamente comprometida, pues se beneficiaba de las sistemáticas y reiteradas violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo desde hacía al menos 10 años. Para completar el panorama, la abogada Luisa Fernanda Aramburu, que en todo este acontecer aparece reiteradamente, hacía parte de la junta directiva de la Sociedad Kedhada S.A.

Los pequeños mineros, en pleno proceso de formalización, quedaron entonces expuestos a la voracidad de la multinacional con la complacencia de las entidades estatales que nunca investigaron las irregularidades ocurridas durante la ejecución del proyecto.

  1. Simultáneamente la autoridad minera – Ministerio de Minas –  en cumplimiento de la ley que permitía que mineros tradicionales que cumplieran con ciertos requisitos podían iniciar los trámites de legalización de sus trabajos mineros ordenó a la Secretaría de Minas del departamento de Bolívar que iniciara los tramites de legalización de las minas que estaba solicitando Fedeagromisbol para los pequeños mineros de la región. los mineros cumplieron con cada uno de los requisitos que se les exigieron: se constituyeron las asociaciones agromineras, se delimitaron las áreas que se estaban solicitando, se demostró el tiempo de permanencia en el territorio, entre otras. Cabe recordar que años atrás se había logrado que a seis asociaciones afiliadas a Fedeagromisbol se les titularan las áreas en las que trabajaban sus asociados, son unas áreas muy pequeñas que no sobrepasan las 100 hectáreas y que fueron tituladas mediante la modalidad de licencias de explotación minera.

A finales de junio de 2004 Fedeagromisbol presentó formalmente las solicitudes de legalización de minería de hecho de 15 áreas. Como este era un programa impulsado por el Gobierno nacional, fue la misma autoridad minera la que tratando de cumplir con algunos compromisos alcanzados con las comunidades en sus jornadas de movilización, financió algunos de los aspectos que se exigían para poder acceder a los títulos mineros. Fue así como los Planes de Trabajos y Obras y los Planes de Manejo Ambiental fueron elaborados con dineros destinados por el Ministerio de Minas y la Secretaría de Minas de Bolívar para ese fin.

Cuatro años después de iniciado el trámite, la autoridad minera otorgó los contratos de concesión de 9 de las áreas solicitadas por la Federación y en 2013 negó las seis solicitudes que estaban pendientes de resolver. La negación de esas solicitudes se argumentó en una supuesta sobreposición de las áreas solicitadas con la reclamación que había hecho la familia Illera Palacio, querella que se había resuelto en contra de los reclamantes en 2007. Con esa negativa más de tres mil hectáreas de los pequeños mineros fueron despojadas y dejadas en riesgo de ser tituladas a proyectos de minería a gran escala.

  1. Ya con los títulos otorgados y el supuesto apoyo del gobierno para la promoción y protección de la pequeña minería por parte del Estado, inicia una nueva fase de presión para el despojo en contra de los pequeños mineros recién formalizados: 

“La experiencia de la titulación en ese momento fortalece a las comunidades porque al parecer habíamos logrado un objetivo que era obtener formalidad en nuestra actividad minera, pero mas adelante nos damos cuenta que nunca vamos a poder sostener esa formalidad, el Gobierno entrega unos títulos mineros con algunos compromisos que eran incumplibles y además va cambiando y aparecen nuevas reglamentaciones que son casi que imposibles para cumplirlas el pequeño minero, lo que nos damos cuenta es que el Gobierno fue conformando a las comunidades mineras no solo del sur sino del país, conformándolas como una supuesta formalidad pero a la final esa formalidad se convierte en un peligro para desplazarnos, porque hoy por ejemplo no vale tener un título si no cumple la reglamentación que exige tener un área minera, entonces es claro el Gobierno entrega unos títulos a la pequeña minería pero luego hace unas reglamentaciones que impiden que el pequeño minero cumpla esa formalidad, entonces es una estrategia: entrego algo pero como no lo van a cumplir ese algo que te entrego te va a desplazar del sector, son dos momentos, uno donde nos sentimos reflejados en el esfuerzo que habíamos hecho por formalizar la actividad, pero otro momento más triste es cuando nos damos cuenta que el Gobierno nos engañó que lo que quiere a la final es sacarnos y con argumentos.”

Y esta reflexión no es producto de la imaginación, al contrario, está sustentada en la cantidad de exigencias que conlleva firmar un contrato de concesión minera con el Estado Colombiano y en el incumplimiento de los compromisos de la autoridad minera para apoyar la labor de la pequeña minería. Veamos:

En los programas de formalización de pequeña minería la autoridad minera el Estado asume una serie de responsabilidades 

El programa de formalización minera además ofrece asistencia para la eliminación del uso del mercurio, apoyo para el acceso al crédito y formación para el fortalecimiento empresarial, actividades tendientes a fortalecer las condiciones técnicas, ambientales, económicas y sociales de las UPM objeto del programa.

En el caso que estamos presentando ninguna de las líneas de apoyo se han cumplido. La acción de la autoridad minera se reduce en la práctica a realizar unas visitas de fiscalización a las unidades mineras a las que les ponen unos términos perentorios para cumplir con los requisitos técnicos, económicos y ambientales que se identifiquen con fallas según el fiscalizador. Un ejemplo claro de lo anterior fue un proyecto piloto para minería limpia que se acordó poner en marcha entre Fedeagromisbol y la autoridad minera, ese proyecto contemplaba una inversión importante de diferentes entidades estatales para instalar una planta de minería limpia en un área titulada a la Federación. El proyecto nunca se terminó y las pocas herramientas que se alcanzaron a llevar están pudriéndose al sol y al agua en los caminos de un sector de la serranía. De ese estilo son los “compromisos” estatales para impulsar la formalización de los pequeños mineros.

Para los pequeños mineros que se habían convencido de que con la entrega de estos títulos se blindaban jurídicamente y podían evitar con mayores argumentos el despojo que los acechaba, la legalización lo que significó fue echarse encima una serie de cargas adicionales, pues para ellos la actividad de minería era una actividad de sobrevivencia. Era muy difícil de soportar porque se les exige y evalúa como a cualquier empresa minera sin tener en cuenta sus condiciones particulares. Las exigencias tanto técnicas como económicas para los poseedores de contratos de concesión minera no hacen ningún tipo de diferenciación entre grandes mineros y mineros artesanales.

A manera de ejemplo, un contrato de concesión minera implica el pago trimestral de regalías que son el 4% de la producción sin importar el volumen; implica apegarse a un Plan de Trabajo y Obras (PTO), que para el caso del Sur de Bolívar fueron elaborados como si se tratara de proyectos de gran minería, desconociendo las prácticas mineras de la región. 

Los PTO son la camisa de fuerza mediante la cual la autoridad minera evalúa el desempeño de los concesionarios mineros, obviamente ninguno de los mineros de la región cumplen con este requisito. La cantidad de formatos, formularios, informes y demás requerimientos que se hacen a los titulares implican tener una infraestructura administrativa para poder cumplirlos. Ningún minero del Sur de Bolívar que pasa gran parte de su día metido entre un socavón, tiene el tiempo ni la formación empresarial para darles cumplimiento; las regulaciones ambientales imponen por ejemplo la no utilización de mercurio para el procesamiento del oro, esto significa la adquisición de unas plantas de procesamiento que tienen unos altos costos económicos que un minero artesanal no está en capacidad de adquirir.

A estas condiciones básicas se le suman otras que han ido apareciendo en el camino, por ejemplo:

– la exigencia de obtener un certificado del Registro Único de Comercializadores Mineros – Rucom – para que aquellos mineros que no siendo titulares pero teniendo un contrato de operación minera, puedan vender legalmente el material obtenido.

– La bancarización de la actividad económica, lo que en el caso del sur de Bolívar se ha convertido en un viacrucis ya que las entidades financieras se niegan a abrir cuentas a personas o empresas dedicadas a actividades de pequeña minería por el estigma de que en la región los mineros son ilegales y/o criminales y son fachada de organizaciones al margen de la ley.

Y los más contradictorio es que para obtener el Rucom es indispensable contar con una cuenta bancaria. De esta manera se obliga al minero formalizado a vender su material en el mercado ilegal exponiéndose así a ser judicializado.

Hasta ahora en el Sur de Bolívar no ha habido ninguna inversión significativa del Estado en esta materia; sin embargo, la presión para que cumplan con todas las exigencias se mantiene de forma permanente, con la amenaza de que si no se cumple con lo establecido, habrá acciones sancionatorias que van desde ser multado hasta la caducidad de los contratos. En otras palabras, hay una espada permanente balanceándose sobre la cabeza de los pequeños mineros sin que exista una manera de evadir la inminente caída de la espada sobre la cabeza de los mineros.

La alternativa que se ofrece no es ni de lejos una solución al problema: asociarse con empresas de gran minería para poder seguir con su actividad. Y las empresas de gran minería manifiestan una gran disposición a este tipo de sociedades, pero lógicamente con sus condiciones. Fedeagromisbol ha tenido contactos con diferentes empresas interesadas en “asociarse” con los pequeños mineros del Sur de Bolívar, las propuestas que hacen son inaceptables a juicio de los mineros: uno, entregarles los títulos mediante la figura de cesión de derechos; segundo, aceptar un porcentaje de participación del 5% sobre las ganancias que arroje el negocio; tercero, compartir proporcionalmente a la participación los gastos de inversión y los riegos que conlleva.

Este apretado resumen de lo que implican los procesos de formalización minera da cuenta de que para los pequeños mineros formalizarse es dar un paso al vacío en la estrategia de despojo de su territorio.

Febrero de 2019

Federación Agrominera del Sur de Bolívar